El Departamento de Justicia anuncia planes para revocar la ciudadanía a extranjeros naturalizados

El Departamento de Justicia está priorizando agresivamente los esfuerzos para despojar a algunos estadounidenses de su ciudadanía estadounidense.

El liderazgo del departamento está ordenando a sus abogados que prioricen la desnaturalización en casos que involucren a ciudadanos naturalizados que cometan ciertos delitos, y dando a los abogados estadounidenses una mayor discreción sobre cuándo continuar con esta táctica, según un memorando publicado en línea del 11 de junio. La medida está dirigida a ciudadanos estadounidenses que no nacieron en el país; según los datos de 2023, cerca de 25 millones de inmigrantes eran ciudadanos naturalizados.

Al menos una persona ya ha sido desnaturalizada en las últimas semanas. El 13 de junio, un juez ordenó la revocación de la ciudadanía de Elliott Duke, que usa los pronombres ellos. Duke es un veterano militar estadounidense originario del Reino Unido que fue condenado por distribuir material de abuso sexual infantil, algo que más tarde admitieron que estaban haciendo antes de convertirse en ciudadano estadounidense.

La desnaturalización es una táctica que se utilizó mucho durante la era McCarthy de finales de la década de 1940 y principios de la de 1950 y que se expandió durante la administración Obama y creció aún más durante el primer mandato del presidente Trump. Está destinado a despojar a la ciudadanía de aquellos que pueden haber mentido sobre sus condenas penales o membresía en grupos ilegales como el partido nazi, o comunistas durante el macartismo, en sus solicitudes de ciudadanía.

El Fiscal General Adjunto Brett A. Shumate escribió en el memorando que la búsqueda de la desnaturalización estará entre las cinco principales prioridades de aplicación de la agencia para la división civil.

"La División Civil priorizará y perseguirá al máximo los procedimientos de desnaturalización en todos los casos permitidos por la ley y respaldados por las pruebas", dijo.

El enfoque en la desnaturalización es solo el último paso de la administración Trump para remodelar el sistema de inmigración de la nación en todos los niveles de gobierno, convirtiéndolo en un enfoque importante en múltiples agencias federales. Eso ha venido con la redefinición de quién se deja entrar en los Estados Unidos o tiene derecho a ser estadounidense. Desde su regreso al cargo, el presidente ha buscado poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento y reducir los programas de refugiados.

Pero los expertos en derecho de inmigración expresaron serias preocupaciones sobre la constitucionalidad del esfuerzo y cómo esto podría afectar a las familias de ciudadanos naturalizados.

El memorando del Departamento de Justicia dice que el gobierno federal perseguirá casos de desnaturalización a través de litigios civiles, un movimiento especialmente preocupante, dijo Cassandra Robertson, profesora de derecho de la Universidad Case Western Reserve.

En los procedimientos civiles, cualquier persona sujeta a desnaturalización no tiene derecho a un abogado, dijo Robertson; también hay una menor carga de prueba para que el gobierno llegue, y es mucho más fácil y rápido llegar a una conclusión en estos casos.