Por Sala de Redacción EVH

GRAND RAPIDS, MICHIGAN (EVH) — Un jurado federal otorgó una indemnización de más de medio millón de dólares a cinco trabajadores agrícolas originarios de Guatemala que denunciaron haber sido explotados y mal pagados por la empresa contratista Purpose Point Harvesting, que los trajo a Michigan para plantar y cosechar frutas y verduras.

El veredicto, emitido la semana pasada en la Corte de Distrito de Estados Unidos en Grand Rapids, incluyó $450,000 en daños punitivos por la violación de una ley federal contra el tráfico de personas. Los trabajadores testificaron a través de intérpretes, describiendo las duras condiciones laborales que enfrentaron entre 2017 y 2019, mientras recolectaban espárragos, manzanas, cerezas y otros cultivos en los condados de Oceana y Newaygo.

Según la abogada Teresa Hendricks, los hombres a menudo trabajaban hasta 100 horas semanales, pero solo se les pagaba por un máximo de 60. Relató que recogían espárragos pasada la medianoche, usando linternas en la cabeza, y dormían en sofás improvisados. Hendricks le dijo a AP que, “Les dijeron que si no les gustaba, era mejor que lo que podían ganar en Guatemala”, afirmó Hendricks.

AP también informó que, la abogada también destacó el valor de los trabajadores al denunciar públicamente los abusos. “Son algunos de los hombres más valientes que conozco”, dijo. “Tuvieron que venir a este país para defender sus valores y decir la verdad en una sala de audiencias desconocida, en un pueblo que no conocen, frente a un jurado, y contarlo todo sin reservas”.

Los cinco hombres ingresaron legalmente a Estados Unidos mediante el programa federal H-2A, que permite a las granjas contratar mano de obra extranjera cuando no se encuentran trabajadores domésticos disponibles. Purpose Point opera como intermediaria, reclutando trabajadores y administrando el pago de salarios. Según Hendricks, el dueño de la empresa es originario de la misma región que los trabajadores, el área de Malacatán, en Guatemala.

AP dijo que, el abogado de Purpose Point, Robert Álvarez, rechazó las acusaciones y señaló que otros trabajadores ofrecieron versiones contradictorias durante el proceso. “En última instancia, el jurado toma una decisión basada en los hechos que se le permite ver. Seguimos negando las acusaciones y esperamos la apelación”, declaró Álvarez.

Kenya Davis, abogada del bufete Boies Schiller Flexner y coasesora legal en el caso, subrayó la rareza de que una denuncia de tráfico laboral —ya sea bajo el programa H-2A o en otros contextos— llegue a juicio. “Las víctimas viven bajo un control coercitivo constante que las mantiene con miedo a represalias si denuncian el abuso”, afirmó.

Hendricks recordó que conoció a uno de los trabajadores en un campo de maíz, de noche, mientras este temía por su seguridad. “El miedo a ser deportados antes de tiempo, perder el trabajo o la visa... todos esos eran temores muy reales”, dijo.

El caso representa una victoria significativa para los trabajadores migrantes que muchas veces enfrentan abusos sistemáticos sin acceso a justicia, y pone en evidencia los vacíos del sistema laboral agrícola que, pese a ser legal, en ocasiones permite condiciones de explotación.

*Con información de AP.

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